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La presentación se realizó en la Unidad de Delitos Especiales y contra la Administración Pública
El Estado ya es querellante en la causa contra los jueces Morales y Da Prá y piden su detención
Crece el escándalo por el video que desnudaría un sistema de coimas en las más altas esferas de la justicia. Luego de conocido el video que circuló por las redes sociales, en el que los camaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá estarían cobrando una cantidad de dinero por parte de un tercero en el despacho de uno de ellos.

eldiariodecatamarcaDa Prá y Morales - eldiariodecatamarca.com


Fiscalía de Estado se presentó como querellante en la causa contra los jueces que se encuentran sospechados de cohecho.


En la presentación realizada por Fiscalía de Estado en la Unidad de Delitos Especiales y Contra la Administración Pública, a la que tuvo acceso El Diario de Catamarca, se detalla lo sucedido a partir de conocido el video por la redes sociales, especialmente whatsApp, y señala que “una denuncia anónima; en la que se relataba que, una persona, indignada por los hechos que habían arribado a su conocimiento, referidos a la afectación del normal y legal funcionamiento de la administración de Justicia, adjuntando un video en el que se observa a dos magistrados judiciales recibiendo dinero de un tercero en sus propios despachos, decide denunciar”.


Según expresa el escrito, “en dicha denuncia virtual que acompaña al video, solicita públicamente que se inicien las investigaciones tendientes a corroborar la comisión, por parte de los jueces Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, de graves hechos de corrupción que encuadrarían "prima facie" en el delito previsto y penado en el artículo 257° del Código Penal Argentino, esto es el de cohecho pasivo agravado”.


Además indica que “en el escrito viralizado, que acompaña material fílmico, del cual surgió de manera clara y evidente que los mencionados integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, a los que los califica de altos magistrados del Poder Judicial de la Provincia, habían recibido una importante suma de dinero en efectivo, supuestamente, en el propio despacho del Dr. Raúl Da Prá, y que el propósito de la entrega de dinero, era a cambio de que los jueces emitieran un fallo, en un asunto sometido a la competencia de ese Tribunal”.


Sobre el mismo tema, la querella narra en el escrito presentado que de la filmación surgiría que el cobro de dinero a cambio de una resolución favorable ya se había evidenciado en anteriores oportunidades, “lo cual hipotéticamente era “vox populi” en el ambiente de tribunales”.


Por otra parte se hace mención que el relato virtual alude a que el accionar de los camaristas se agrava aún más porque Da Prá y Morales, como miembros de la Cámara de Apelaciones, emiten resoluciones que en su gran mayoría se refieren a la libertad ambulatoria de los ciudadanos sometidos a procesos penales, y/o la clausura o continuidad de procesos judiciales penales, a la par de resoluciones atinentes a cuestiones patrimoniales anexas a dichos procesos, bastando solo el voto de ambos integrantes de la Cámara para obtener la mayoría necesaria, en cualquier fallo.


La denuncia sostiene también, que se ven en la obligación de solicitarle al Sr. Fiscal Penal que disponga la inmediata detención de los Sres. Camaristas, ello ante la existencia concreta y clara de peligrosidad procesal en los términos del artículo 292 del Código Procesal Penal.


La pena que impone la legislación penal, para el delito supuestamente consumado por los magistrados, y según infiere la querella “en caso de condenarse a los mismos, esta sería a una condena de cumplimiento efectivo; y que los magistrados señalados, ante tan evidente y abrumadora prueba, podrían intentar eludir la actuación de la justicia; e incluso que estos últimos, haciendo uso del poder que le confieren los altos cargos que ostentan y los múltiples contactos que poseen, arbitraria todos los medios necesarios para obstaculizar la recolección de material probatorio necesario para la investigación”.


Al finalizar el escrito se solicita que conforme a las previsiones del artículo 16 de la Ley 4247 se disponga la suspensión preventiva en sus funciones a los magistrados, tal cual lo dispone el artículo 18 de la misma norma legal.


Hasta el momento no se conoce cuál será la imputación específica y oficial en contra de los magistrados, sin embargo, de los hechos que son de público conocimiento, en el escrito presentado por la querella se menciona la calificación “por la supuesta incursión en el reproche penal, por el delito de Cohecho Pasivo Agravado”.


Ello en atención a lo que consagra la figura del Artículo N° 257 del Código Penal, que prevé que: Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia. El bien jurídico que se tutela es el funcionamiento normal, ordenado y legal de la administración pública, se protege la regularidad funcional de los órganos del Estado.

 

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