Así lo informó Mariano Cúneo Libarona, quien asegura que frenará los pagos a personas que "carezcan de la documentación necesaria".

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este lunes que se dejarán de pagar las indemnizaciones otorgadas a víctimas del terrorismo de Estado.

En ese sentido, el funcionario señaló se frenará los pagos a personas que "carezcan de la documentación necesaria" y buscará la "devolución" de las sumas "cobradas indebidamente".

"Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado", escribió en la red social X.

Según el texto difundido en redes sociales, la medida se debe a la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, del beneficio que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.

Los hechos tuvieron lugar durante la última dictadura militar, entre los años 1976 y 1983, en donde hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.

"Descubrimos distintos juicios con auto-procesamientos confirmados por la Cámara de asociaciones ilícitas de gente que inventaba a través de documentos, testigos o formularios falsos", explicó el funcionario por LN+ y adelantó que hasta ahora se confirmaron "más de 100 casos" que percibieron un monto de "más de 150 mil dólares en concepto de indemnización". 

“Descubrimos otra maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que eran de Uruguay, que habían estado un breve lapso en la Argentina pero permanecieron detenidas en el país vecino. Sin embargo, reclaman un pago completo”, agregó.

Para el abogado, “debe haber muchísimos más hechos y muchísimos más involucrados” y adelantó otras medidas contra presuntos involucrados. "Vamos a intimarlos para que devuelvan el dinero que se robaron. Y en caso de que ya lo hayan introducido al mercado, eso puede devenir también en un delito para lavado de activos”, cerró.