La defensa del diputado del MID presentó planteos de duda, por lo que dicha Cámara, mediante audiencia oral deberá resolver si las decisiones tomadas por el juez de Control de Garantía N°4, Marcelo Sago son válidas o deben anularse. - eldiariodecatamarca.com
El próximo 30 de junio se cumplirán dos meses calendario que prevé el código para que el juez, en este caso el Dr. Marcelo Sago, concluya la investigación jurisdiccional iniciada a raíz de cuatro denuncias por supuesto abuso sexual en contra del diputado Javier Galán.
Al contar con fueros funcionales, el juez debe ser quien mediante la producción de pruebas y diferentes medidas probatorias establecer si la causa penal debe avanzar en contra del legislador o no. En caso afirmativo, debe solicitar a la Cámara legislativa el desafuero de Galán para que se someta a la Justicia como ciudadano común. Sin embargo, el juez puede arribar a una resolución negativa y ordenar el archivo de la investigación, la que puede ser en otra instancia judicial apelada por la fiscalía y la querella.
Se conoció que la investigación que llevaba adelante Sago se encuentra en un impase. Esto en razón de que la defensa de Galán planteó una serie de oposición entre ellas, la constitución de querellante en el expediente, el inicio de la investigación jurisdiccional y las pericias ordenadas hasta el momento por el magistrado.
Ante el planteo de duda que realiza la defensa sobre las decisiones del juez, el expediente fue remitido a la Cámara de apelación y exhorto para que sea el Tribunal de alzada, mediante audiencia oral resuelva si las decisiones tomadas por el juez Sago son válidas o deben anularse.
Una vez que estos planteos sean resueltos, el expediente de la investigación jurisdiccional regresará al Juzgado de Control de Garantías N° 4, reanudándose en ese momento el plazo para concluir con la investigación. Es decir, que la investigación jurisdiccional no concluirá el próximo 30 de junio como se había previsto el 30 de abril, cuando Sago formalmente se hizo cargo de la investigación.
Cabe recordar que durante mayo y los primeros días de junio el juez ordenó diversas medidas -a casi todas se opuso la defensa- entre ellas pericias psicológicas, registros domiciliarios, reconocimiento de lugares en los que supuestamente habrían ocurrido algunos de los hechos denunciados por las mujeres, geolocalización de los teléfonos celulares tanto del denunciado como de las denunciantes, visualización de los teléfonos celulares, entre otras medidas. Si bien en algunas de las pericias el diputado nombró perito de parte, la defensa se opuso.
Según trascendió uno de los cuestionamientos es al método utilizado por los especialistas para visualizar el teléfono celular de la primera denunciante. Al tratarse de un teléfono IPhone, el sistema con el que cuenta el laboratorio satelital no es compatible con el dispositivo para poder acceder para recuperar los mensajes, llamadas, imágenes y demás elementos de importancia para la causa que fueron borrados, algunos de manera manual por la propia denunciante.
