El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense, luego del dictamen de la Corte Suprema en agosto de este año.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un protocolo médico elaborado por el Cuerpo Médico Forense para unificar los criterios técnicos y científicos y así evaluar con mayor precisión las prisiones domiciliarias solicitadas por presos federales respecto a cuestiones de salud.
En la Resolución 2867/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por los jueces Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, se aprobó el “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.
Dicho dictamen surge de la Acordada 21/2026 del 21 de agosto de este año cuando la Corte Suprema ordenó que el Cuerpo Médico Forense confeccione un protocolo “con el fin de dotar a los magistrados de herramientas que posibiliten contar con mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud”.
En la Acordada se explicó que sirve como orientación para la decisión sobre la procedencia de la detención domiciliaria, “sin perjuicio de los demás informes y condiciones que los jueces como directores del proceso consideren requerir y evaluar”.
El protocolo incluye los exámenes e informes médicos pertinentes a efectos de constatar efectivamente el estado de salud de la persona; así como la verificación, en cada caso, de las condiciones concretas de detención y de la factibilidad de llevar a cabo el tratamiento indicado para la patología dentro del establecimiento penitenciario en el cual se aloja el detenido.
“Este abordaje sistemático permitirá estandarizar la tarea propia de los auxiliares de la justicia especializados en ciencias médicas y aportará un análisis particularizado de cada caso en función de las prestaciones e infraestructura disponibles”, detallaron.
Detalles del Protocolo
Su aplicación se circunscribe a personas mayores de 18 años, procesadas o condenadas, alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
Evaluación en dos ejes complementarios: el primero es el examen del estado de salud de la persona detenida y segundo la verificación de las condiciones concretas de detención y la capacidad real del establecimiento penitenciario para garantizar los tratamientos necesarios.
Las autoridades penitenciarias deberán proporcionar información documentada del preso y su tratamiento.
Establece un sistema de cinco categorías para uniformar las conclusiones de las evaluaciones médicas.
Mecanismos de relevamiento de los servicios de salud penitenciarios y la actualización periódica de los criterios técnicos.
