La investigación apunta a transferencias por al menos US$42 millones realizadas desde cuentas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino hacia sociedades constituidas en Miami sin actividad comercial declarada.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos a partir de una serie de movimientos financieros considerados sospechosos, realizados a través de cuentas radicadas en ese país y vinculadas a empresas que administraban ingresos internacionales de la entidad madre del fútbol argentino.
Según surge de una investigación periodística de La Nación, una empresa con sede en Estados Unidos que operaba como administradora de fondos de la AFA concentró durante los últimos años ingresos provenientes de derechos comerciales, patrocinios y acuerdos internacionales. Desde esas cuentas se habrían realizado transferencias por al menos 42 millones de dólares hacia cuatro sociedades constituidas en Miami, que no registran empleados ni actividad comercial declarada.
Las firmas receptoras —todas sociedades de responsabilidad limitada (LLC)— comparten direcciones asociadas a oficinas virtuales y carecen de estructura operativa, un dato que encendió alertas en los organismos de control norteamericanos. Este tipo de características suele ser observado en investigaciones por presunto lavado de activos o desvío de fondos.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los depósitos se realizaron en un lapso de varios años y forman parte de un volumen mayor de dinero administrado en Estados Unidos, que superaría los 200 millones de dólares. Parte de esos fondos, además, no aparece claramente reflejada en los balances públicos de la AFA, lo que sumó interrogantes sobre su destino final.
La investigación también despertó interés en la Justicia argentina, donde se analizan posibles conexiones entre estas operatorias financieras y causas abiertas por presunto uso de testaferros, enriquecimiento ilícito y maniobras irregulares vinculadas a dirigentes del fútbol.
En paralelo, los investigadores buscan determinar si las transferencias tuvieron justificación contractual, si existieron servicios reales que respalden los pagos y quiénes fueron los beneficiarios finales del dinero. En ese marco, no se descarta que se solicite cooperación judicial internacional para acceder a información bancaria y societaria más detallada.
