Javier Milei y Patricia Bullrich levantaron la prohibición que regía desde hace más de 30 años para que civiles pudieran acceder a armas de guerra.
El gobierno de Javier Milei dispuso este miércoles modificaciones en el régimen de control de armas y facilitó el acceso a armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.
Así quedó plasmado en el Decreto 397/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
A partir de este miércoles a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) tendrá la potestad de autorizar la adquisición y tenencia de este tipo de armamento, antes reservado sólo a las fuerzas de seguridad, bajo un régimen especial.
Así, y luego de más de 30 años, el gobierno libertario dejó caer el Decreto 64/1995 que prohibía a los usuarios civiles la adquisición y tenencia de estas armas de guerra, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa. El nuevo decreto sustituye ese régimen de prohibición general por un sistema de control administrado por la ANMAC.
"Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego. La ANMAC tendrá a su cargo la aplicación del régimen de control especial", señala el decreto presidencial.
El decreto también contempla la posibilidad de que estos materiales controlados se utilicen en actividades deportivas u otras finalidades lícitas.
El Gobierno modificó también la Ley de Armas y Explosivos. Lo hizo por medio del Decreto 409/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial también con las firmas de Milei, Francos y Bullrich. La medida afecta directamente a los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego para personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.
Entre los cambios más relevantes, se destacan la delegación de facultades a las autoridades de las fuerzas para autorizar la tenencia y portación de armas a su personal, la diferenciación de plazos de validez de las credenciales de legítimo usuario y la centralización de controles en la ANMAC.
La medida impacta en primer lugar sobre el personal en actividad y retiro de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas, policías y servicios penitenciarios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También introduce cambios para asociaciones de tiro, sus miembros y usuarios civiles que requieran autorización para armas de “uso civil condicional”.
Entre los puntos más destacados, se establece que la autorización para la adquisición, tenencia y portación de armas para el personal de las fuerzas será concedida por el titular de la fuerza correspondiente, “fundada en el estudio de los antecedentes personales y profesionales del peticionante”. Una vez otorgada, la autorización debe ser comunicada a la ANMAC.
Para los usuarios civiles, la ANMAC mantiene la competencia exclusiva para otorgar autorizaciones, con excepción de los casos mencionados para personal de fuerzas.
