Son los fiscales Augusto Barros y Paola González Pinto, quienes fueron amenazados de muerte tras la condena en el caso Pachado. La Asociación de Magistrados repudió los hechos y reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y la independencia judicial. –eldiariodecatamarca.com

Fiscales Augusto Barros y Paola González Pinto

La tensión por el juicio del crimen de Marcelino Pachado se trasladó al plano judicial con la aparición de graves amenazas contra los fiscales Augusto Barros y Paola González Pinto, y también contra una testigo clave. Ante esta situación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca expresó su más “enérgico repudio” y reclamó el pleno respeto a la independencia judicial.

El comunicado de la entidad calificó como “inadmisible que quienes ejercen la labor de representar a la sociedad en los procesos judiciales sean objeto de actos intimidatorios” y ratificó su “solidario acompañamiento” a los funcionarios amenazados.
Investigación de oficio

La Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de Jésica Miranda, inició de oficio una investigación luego de que se detectaran publicaciones intimidatorias en una cuenta de Facebook. En ese marco, la División de Ciberdelitos preservó los registros digitales y la Brigada de Investigaciones detuvo a Braian Galván, cuñado de uno de los condenados en el caso, y secuestró siete teléfonos celulares.

Galván quedó a disposición de la Justicia y se dictaron medidas de protección específicas e inmediatas tanto para los fiscales como para la testigo. Cabe recordar que esta última ya contaba con resguardo debido a amenazas previas.

El trasfondo: el crimen de Marcelino Pachado

El viernes pasado, un jurado popular condenó a prisión perpetua a Marcelo Barros y su hijo Cristian Barros por el asesinato de Marcelino Pachado, ocurrido en febrero de 2017. El proceso judicial incluyó la declaración de numerosos testigos y reveló la brutal golpiza que sufrió la víctima antes de ser abandonada en la vera del Río del Valle, donde finalmente falleció días después en el Hospital San Juan Bautista.

La Asociación de Magistrados ratificó su “compromiso con la defensa de la legalidad, la independencia judicial y el respeto por el Estado de Derecho”, y confía en que la Justicia adoptará todas las medidas necesarias para evitar la impunidad de estos nuevos hechos.