El imputado por el asesinato de su madre, Norma Beatriz Tula, fue trasladado al CIF para ser sometido a una evaluación interdisciplinaria. La Fiscalía busca establecer su estado de salud mental, su capacidad para comprender la criminalidad del hecho.- eldiariodecatamarca.com
Este miércoles se realizó la junta interdisciplinaria de Marcelo Joaquín Tula, de 22 años, imputado por el matricidio de su progenitora, Norma Beatriz Tula, de 63 años. El acusado fue trasladado durante la mañana al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), donde será sometido a una evaluación destinada a determinar si es imputable y a establecer distintos aspectos vinculados con su salud mental.
La medida se desarrolló en el marco de la investigación por el hecho ocurrido el 19 de julio de 2026 y busca aportar elementos objetivos para determinar la condición del imputado, tanto en el presente como en el momento en que se produjo el asesinato.
Desde la querella señalaron que Tula tendría "un problema psicológico o psiquiátrico", planteo que fue expresado por el abogado querellante, Diego Quinteros Martínez. El letrado sostuvo que, a partir de esa situación, debe analizarse si el acusado comprendía lo que hacía al momento de concretarse el hecho.
Quinteros Martínez remarcó que la salud mental del imputado debe ser evaluada "con seriedad y con todas las garantías", aunque aclaró que la eventual existencia de una afección psicológica o psiquiátrica no permite, por sí sola, establecer si Tula comprendía la criminalidad de sus acciones.
En ese sentido, el abogado querellante explicó que la evaluación interdisciplinaria constituye una instancia dentro de un proceso de investigación que todavía permanece abierto y en el que deben analizarse distintos elementos.
"La querella de la familia de Norma Tula considera que la salud mental de Marcelo Joaquín Tula debe evaluarse con seriedad y con todas las garantías. Sin embargo, la existencia de un problema psicológico o psiquiátrico no determina, por sí sola, si comprendía lo que hacía al momento del hecho", señaló.
El representante legal agregó que la junta que se realiza este miércoles no constituye el final de la causa ni implica por sí misma una decisión definitiva sobre la situación procesal del acusado. "Si bien se realizará la junta interdisciplinaria, esta evaluación no representa el final de la causa ni constituye por sí misma una decisión definitiva. Es una medida más dentro de una investigación en la que todavía deben analizarse distintos elementos y completarse pruebas pendientes", añadió Quinteros Martínez.
La investigación está a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, quien requirió a los especialistas del CIF que realicen un análisis amplio sobre el estado mental de Tula. Uno de los objetivos centrales es determinar su capacidad actual para estar sometido a un proceso judicial y ejercer su derecho de defensa. Al mismo tiempo, se busca establecer cuál era su condición de salud mental al momento del hecho investigado.
Desde la Fiscalía también se procura conocer si el joven representa un riesgo para sí mismo o para terceras personas, entre otras cuestiones que deberán surgir de la evaluación interdisciplinaria.
La pericia, por lo tanto, no estará limitada exclusivamente a establecer si existe o existió algún trastorno mental. También deberá analizar la incidencia que una eventual alteración haya tenido sobre las capacidades del acusado y su relación concreta con el hecho investigado.
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