Declaró el abogado Alfredo Aydar sobre una conversación mantenida con el Fiscal Federal. -eldiariodecatamarca.com – La Isla FM

La Justicia Federal llevará al banquillo a los responsables de RT Inversiones por montar un esquema piramidal similar a la desarticulada firma Adhemar Capital. El modus operandi de RT Inversiones habría sido similar a la firma de Adhemar Bachiani: captaba a miles de ahorristas mediante publicidad masiva y oficinas céntricas para aparentar legalidad, pese a carecer de cualquier tipo de autorización oficial del Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Mientras que, a través de contratos formales, prometían rentabilidades extraordinarias de más del 20% mensual bajo la excusa de supuestas operaciones de trading y criptomonedas. No obstante, la investigación desarmó la maniobra, los intereses se pagaban exclusivamente con el dinero aportado por los nuevos clientes, lo que se conoce popularmente como “esquema Ponzi” o estafa piramidal.
Con la etapa de instrucción agotada, el expediente radica en el Tribunal Oral Federal. El fiscal federal, Rafael Vehils, solicitó la elevación a juicio, medida confirmada recientemente por el juez subrogante Sebastián Argibay tras la inhibición del magistrado Miguel Ángel Contreras. La propia resolución judicial advierte la magnitud del debate: “Estamos en presencia de una de las causas más importantes de la historia judicial de la provincia de Catamarca, con numerosos hechos”.
La cúpula acusada está integrada por Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico y su esposa Alicia Estela Nieva. Todos enfrentarán cargos por intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Pese a la gravedad de las acusaciones, la familia y sus socios gozan de libertad desde fines del año pasado.
Sin resarcimiento y con los acusados en libertad
En el marco de esta situación judicial, dialogó este miércoles con el programa “La mañana en La Isla” (FM 107.9) y eldiariodecatamarca.com.ar, el querellante Alfredo Aydar quien se refirió a varios puntos de la causa y analizó el avance del expediente.
Aydar detalló el estado procesal del expediente que tiene como caratula la querella de Edgardo Federico Yasbek, conocido como “Pantera”.
A pesar de las versiones que circulan sobre la inminencia de la citación a juicio, Aydar aclaró que, tras revisar el portal del Poder Judicial de la Nación, aún no han recibido la notificación formal. “Estamos esperando la notificación por vía digital para formalizar las presentaciones correspondientes”, manifestó el letrado.
Sobre la situación de las víctimas por la presunta estafa piramidal, Aydar advirtió que: “En el caso de RT Inversiones no hubo ningún tipo de pago ni resarcimiento a los damnificados, a diferencia de otras causas”.
Respecto de la situación de los imputados, entre los que se encuentran Edgardo Bulacio (padre e hijo), Alicia Nieva y la familia Vergara, el abogado confirmó que todos se encuentran en libertad: “Están todos en libertad porque transcurrieron tres años, que es el plazo máximo de prisión preventiva. Salieron a la calle y eso generó mucha indignación en las víctimas”.
Competencia piramidal y una presunta estafa multimillonaria
Aydar explicó que RT Inversiones surgió como competidora directa de Adhemar Capital, aunque ofrecía tasas de retorno más altas (alrededor del 20% mensual), lo que derivó en el colapso de ambas financieras por la disputa entre ambas y la creciente desconfianza de los clientes.
Según las estimaciones de la querella, el monto de la supuesta estafa por parte de RT Inversiones rondaría entre los 80 y 100 millones de dólares, cifra que podría ser sustancialmente mayor si se consideran las víctimas no denunciantes o las operaciones informales. Al respecto, Aydar aseguró que: “Nosotros tenemos corroborados 400 millones de dólares entre ambas causas (RT Inversiones y Adhemar Capital), sin embargo, en un momento, el fiscal Rafael Vehils Ruiz me dijo en su oficina que ellos estimaban en 1.000 millones de dólares el total de lo recaudado por las firmas”. Aydar reiteró que RT Inversiones tuvo un funcionamiento muy breve en la provincia y que solamente, a su criterio, había sido creada con el fin de competirle y terminar desfinanciando a Adhemar Capital.
Testaferros locales y el calendario judicial
En relación con el destino de los fondos, Aydar diferenció las operaciones financieras de ambas firmas. En el caso de Adhemar Capital, canalizó la mayor parte de los fondos hacia billeteras virtuales de criptomonedas (se presentaron 16 informes sobre la ruta del dinero), mientras que, en el caso de RT Inversiones, habría operado principalmente a través de testaferros y bienes físicos locales para ocultar los activos.
En el plano del lavado de activos, el querellante cuestionó duramente la tramitación de juicios comerciales de quiebra de forma paralela a las investigaciones penales federales. Según sostuvo, “resulta contradictorio permitir un proceso fallido o quiebra comercial cuando los fondos involucrados provienen de actividades ilícitas preexistentes”.
"Para que exista lavado de dinero debe haber un delito precedente. Ese dinero sucio luego se intenta blanquear a través de estructuras comerciales, como la apertura de gimnasios o comercios locales", remarcó Aydar que criticó, además, virajes procesales en causas conexas como la investigación al clan Barone.
En relación con los acusados, Aydar afirmó que: "En el caso de RT Inversiones el dinero se manejó con testaferros conocidos en Catamarca. Esperamos que en el juicio oral salgan a la luz para recuperar los bienes"
Consultado sobre las posibles penas y el inicio del debate oral, Aydar consideró que los tribunales adecuarán los plazos al calendario electoral y estimó que los juicios orales, tanto de Adhemar Capital como de RT Inversiones, se llevarán a cabo después de los comicios.
Finalmente, se le consultó al letrado sobre las penas que podrían caberles a los imputados, por lo que dijo que: “Aunque por la escala penal de las imputaciones podrían corresponder condenas de entre 12 y 14 años, estimo que las sanciones difícilmente superen los 6 u 8 años de prisión”, concluyó el abogado.
