Frente a este pedido, suspicazmente, la oposición lo acusa de crear una “caja política” y de evadir el control legislativo al gestionar fondos directamente con el Ejecutivo. Según señalan ya habría recibió más de $114 millones. –eldiariodecatamarca.com
El defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, quedó en el centro de una nueva controversia política tras solicitar al Ministerio de Hacienda $344 millones para el funcionamiento de su oficina, de los cuales ya le fueron otorgados más de $114 millones. La cifra, considerada exorbitante por sectores de la oposición, desató una ola de críticas por presuntas irregularidades, abuso de poder y desvío del proceso legal establecido.
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Desde su entorno, Mera negó estar gestionando un “refuerzo millonario” y defendió su accionar argumentando que la Defensoría opera actualmente con un presupuesto menor al que manejaba el disuelto Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), cuyas competencias pasaron a la órbita de su organismo tras la eliminación decretada por el gobernador Raúl Jalil. Aseguró que, con solo 24 cargos propuestos frente a los 36 del ex ENRE, se genera "menor gasto, mayor eficiencia y mayor cobertura de derechos, con ahorro presupuestario".
Cruces con la oposición y denuncias de “cajas políticas”
Las explicaciones del defensor no convencieron a referentes opositores, Juan Pablo Acevedo, candidato a diputado por la Alianza La Libertad Avanza, mostró un documento firmado por el propio Mera con fecha 11 de julio de 2025, en el que consta el pedido presupuestario. Así mismo, recordó que el Artículo 36 de la Ley 5337 establece que el presupuesto de la Defensoría debe presentarse ante la Legislatura para su aprobación, sin intervención del Poder Ejecutivo.
“Mera elige ignorar la ley y prefiere pedirle plata al ‘papi Jalil’ antes que someterse al control legislativo”, sostuvo Acevedo, quien calificó la situación como un intento de crear “cajas políticas millonarias para sostener privilegios de unos pocos”.
Por su parte, la Defensoría recibió un respaldo judicial importante. La Fiscalía Federal N° 2 de Catamarca dio curso a una acción colectiva presentada por el organismo junto a la asociación APYFADIM y beneficiarios directos, frente a la suspensión de pensiones no contributivas por invalidez laboral, dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El fiscal Santos Reynoso avaló el pedido de medida cautelar, considerando que se trata del único ingreso de muchas personas con discapacidad, cuya salud y acceso a alimentos se encuentran en riesgo.
