Lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de la caída del veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad. "Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", cuestionó Guillermo Francos.
El Gobierno anunció este lunes que promulgará la ley de Emergencia en Discapacidad que ratificó el Congreso al rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, desde el Ejecutivo aclararon que no se va a reglamentar hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación.
El futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Originalmente, el presidente había dejado anticipado su decisión de llevar la ley a los tribunales para evitar su aplicación, pero luego trascendió que el Gobierno apuntaba a reglamentar la iniciativa de tal forma que su alcance se viera limitado. Finalmente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la promulgación, pero aclaró que su aplicación dependerá de su financiamiento.
"El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas", manifestó Francos en diálogo con Clarín.
Sin embargo, el ministro coordinador señaló que "el artículo 38 de la ley financiera dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos", y sostuvo: "No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?".
El costo fiscal
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, la ley de discapacidad "podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, que implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI".
En paralelo, la entidad estimó que por la compensación de emergencia a prestadores, el Gobierno necesitaría un financiamiento de alrededor de $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.
"Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, "che, arréglensela como puedan". Eso es un ataque al presidente Milei. Discutamos cómo, van a tener presupuesto ahí a partir de este lunes, bueno fíjense dentro del presupuesto nacional cómo hacemos para pagar esto", sentenció el jefe de Gabinete.
Qué dice la ley
La iniciativa impulsada por la oposición declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre sus principales puntos, la ley se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, regulado por la Ley 24.901.
Para ello, la ley prevé una actualización automática y mensual de aranceles, ajustada al índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el Indec. A su vez, también se definió un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad. El esquema contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, junto con la posibilidad de refinanciar tanto planes de pago activos como aquellos caducos.
En paralelo, el texto establece el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. Pueden acceder a este beneficio quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), no registren ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, no perciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica.
Dicha asignación corresponderá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que los ingresos no excedan el tope fijado. Además, uno de los puntos principales apunta a reforzar el financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
