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La CGT y las dos CTA reclamaban que el encuentro fuera presencial y, ante la negativa del Gobierno, decidieron retirarse de la reunión virtual.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo se quebró este viernes luego de que la CGT y las dos CTA abandonaran el encuentro virtual convocado por la Secretaría de Trabajo. Las tres centrales sindicales habían reclamado que la discusión con el Gobierno y sectores de la UIA se realizara de manera presencial para poder debatir cara a cara el nuevo piso salarial y negociar una mejora sustancial.

El Gobierno mantiene su postura

Sin embargo, el Gobierno mantuvo su decisión de realizar la convocatoria de manera remota y, ante esa postura, los representantes gremiales resolvieron retirarse. La intención oficial, a través de la Secretaría de Trabajo, era sostener el formato virtual, que los funcionarios consideran más adecuado para este tipo de reuniones y que, según argumentaron, aporta mayor claridad y transparencia a los actos administrativos.

El conflicto por la modalidad del encuentro se había iniciado días atrás, cuando la CGT y las dos CTA solicitaron formalmente que la reunión fuera presencial. Las organizaciones sindicales sostuvieron que no se trataba de una discusión meramente administrativa, ya que la definición del salario mínimo repercute sobre los ingresos de los trabajadores, las prestaciones por desempleo y otros beneficios vinculados legalmente a ese valor. Además, cuestionaron que la virtualidad no permitiera un intercambio efectivo entre las partes y reclamaron un ámbito de negociación directa entre representantes sindicales, empresarios y funcionarios.

Conflicto Gremial y Salario Mínimo

La ruptura se produjo en un contexto de fuertes diferencias sobre el monto que debería alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, actualmente establecido en $376.600. La dirigencia sindical considera que debería acercarse al valor de la canasta básica familiar, estimada en $1.564.716, aunque reconoce que esa cifra difícilmente sea aceptada por el Ejecutivo. Ante la falta de acuerdo, el escenario más probable es que nuevamente sea el Gobierno el que termine fijando el incremento mediante un laudo oficial, como ya ocurrió tras la última reunión del Consejo, realizada en noviembre de 2025.