La iniciativa de la diputada Adriana Díaz fue aprobada por unanimidad y refuerza la protección de derechos frente al retroceso del INADI y otros organismos. -eldiariodecatamarca.com
La Legislatura de Catamarca aprobó por unanimidad la Ley N° 5909 Antidiscriminación, que establece un marco legal integral para prevenir, erradicar y reparar actos de discriminación en todo el territorio provincial. La norma, impulsada por la diputada Adriana Díaz, fue sancionada ayer por el Senado tras haber obtenido media sanción en Diputados durante junio.
La legisladora justificó la iniciativa como una respuesta provincial ante el desmantelamiento de programas y organismos nacionales de protección de derechos, como el INADI.
“La crítica situación que atraviesa el país, con el desmantelamiento de políticas públicas de igualdad, obliga a las provincias a asumir un rol protagónico en la defensa de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas”, expresó Díaz.
La ley, estructurada en cuatro títulos, define la discriminación de manera amplia, abarcando cualquier acción que impida, restrinja o menoscabe el ejercicio igualitario de derechos por motivos de etnia, género, edad, discapacidad, nacionalidad, entre otros. También contempla acciones u omisiones que generen dominación o daño psicológico o emocional.
Uno de los aspectos más innovadores de la normativa es la incorporación de mecanismos de reparación con impacto social. La Justicia de Faltas podrá ordenar medidas como campañas de sensibilización, programas de capacitación o disculpas públicas para resarcir el daño colectivo causado a las víctimas.
Estas disposiciones se integrarán al Código de Faltas provincial (Ley N° 5171), otorgándoles fuerza ejecutiva. Asimismo, la norma establece que todos los funcionarios y agentes públicos deberán capacitarse en principios de no discriminación y aclara que ningún acto discriminatorio podrá justificarse por obediencia a órdenes superiores, haciendo responsables tanto al autor como a quien las imparte.
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación.
