Victoria Villarruel se reúne con los jefes de bloque en el Senado para definir la próxima sesión.
El Senado de la Nación se reunirá este martes por la tarde para definir una sesión para el próximo jueves. Sin demasiado margen de maniobra, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, deberá convocar para el jueves o, a más tardar, a principios de la semana que viene.
El jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, confirmó esta mañana que la intención es sesionar el próximo jueves para sancionar tres leyes que tendrán impacto fiscal: una nueva moratoria, un aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. Además, sumarán dos proyectos que impulsan los gobernadores: la modificación de las ATN y los cambios en el impuesto al combustible.
Estas últimas dos iniciativas necesitan dos tercios para ser tratadas "sobre tablas", ya que no cuentan con el despacho de la comisión correspondiente. Igualmente, al tratarse de un tema tan importante para los gobernadores, en el comando opositor dan por descontado que tendrán el número para habilitar este tratamiento.
Victoria Villarruel, quien rompió todo tipo de comunicación con la Casa Rosada, no tiene mucho margen para contener la avanzada opositora. Esta vez, los gobernadores quieren darle un tirón de orejas al Gobierno, al que acusan de incumplir con los acuerdos trazados en los últimos meses. Esto ya se vio la semana pasada en Diputados, cuando los mandatarios provinciales fueron clave para el armado del quórum, pero también para la aprobación de los emplazamientos.
La titular del Senado buscará al menos tener bajo control la sesión del jueves y que no sea una desprolijidad que termine con más derrotas para el Gobierno. Sin embargo, ella ya no siente el compromiso directo con Javier Milei, que no la invitó a participar este martes por la noche en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán.
En caso de que se sancionen esas tres leyes que la oposición impulsa, el Gobierno ya tiene decidido vetarlas. Para el Gobierno, el aumento de 7,2 % a los jubilados “genera un daño al equilibrio fiscal y a la estabilidad macroeconómica”. En los cálculos del Gobierno, esto tiene un costo fiscal de 0,4 % del PBI.
Igualmente, en el Congreso de la Nación se ilusionan con juntar los dos tercios de votos necesarios para revocar un veto presidencial. De seguir esta ruptura con los gobernadores, la oposición tiene más chances.
