Se trata de Camilo Cordero Fabbri, quien ejercía la defensa legal de Miguel Ángel Calvete, quien, además, está detenido por una causa por prostitución.
Después de que se conociera públicamente su función como defensor de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados en la causa Andis, Camilo Cordero Fabbri presentó su renuncia al cargo de coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias en la Oficina Anticorrupción (OA).
Cuando el Ejecutivo tomó conocimiento que el funcionario representaba a Calvete en otro expediente por explotación de la prostitución, hecho por el cual sigue detenido, se le indicó que debía dejar su cargo en el Estado si es que quería mantener su defensa, algo que finalmente aceptó. "Ya renunció a su cargo, es lo que te puedo decir", desde la OA.
La explicación oficial es que Cordero Fabbri no podía "intervenir" en causas relacionadas a la corrupción por lo que "era imposible que pueda continuar en esta situación".
El abogado había sido designado coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
Miguel Ángel Calvete es señalado como el presunto “jefe paraestatal” de una red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aunque no tenía un cargo formal en el organismo, la Justicia sostiene que actuaba como intermediario clave entre la agencia y diversas droguerías y proveedores del sector, ejerciendo una influencia determinante en contrataciones y pagos.
De acuerdo con la investigación, Calvete habría participado en el direccionamiento de adjudicaciones y en la habilitación de compras de insumos médicos con sobreprecios. Estas maniobras, según la acusación, incluían el cobro de sobornos y el armado de un circuito de retornos destinados tanto a él como a otros involucrados. También se lo vincula con empresas proveedoras que habrían resultado favorecidas de manera irregular.
Los investigadores afirman que existen registros que comprometen su presunto rol organizador: libretas, planillas y mensajes donde figuran listas de proveedores, nombres de funcionarios, porcentajes de reparto y cálculos de dinero. Ese material es considerado por la fiscalía como evidencia de un sistema planificado para distribuir coimas y ganancias indebidas.
Además, según el expediente, Calvete contaba dentro de ANDIS con funcionarios que respondían directamente a él, lo que le permitía incidir en decisiones operativas y financieras del organismo. Esa estructura paralela habría facilitado el desvío de fondos públicos destinados a políticas para personas con discapacidad.
Finalmente, se le imputa haber causado un perjuicio económico significativo al Estado al beneficiar a proveedores vinculados con su red, en detrimento de los recursos oficiales asignados al área.
