El edil capitalino defendió la postura que viene sosteniendo su espacio político, la cual plantea que el uso del espacio público para estacionar debe ser irrestrictamente gratuito para los ciudadanos.- eldiariodecatamarca.com
Ante la inminente llegada de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el debate en torno a la organización de los servicios urbanos volvió a encenderse. En una entrevista realizada por el periodista José Alsina Alcobert, en el programa “La Mañana en La Isla” a través de La Isla FM 107.9, el concejal Figueroa cuestionó el esquema de cobro de estacionamiento en las calles adyacentes al predio ferial, calificando la situación actual como "peligrosa" e "injustificada".
El edil capitalino defendió la postura que viene sosteniendo su espacio político, la cual plantea que el uso del espacio público para estacionar debe ser irrestrictamente gratuito para los ciudadanos. Figueroa aclaró que toda excepción a esta regla debe contar con un respaldo legal explícito y transparente.
"El principio rector de nuestras propuestas es que el estacionamiento es 100% libre y gratuito. Las excepciones van a estar determinadas por ordenanzas municipales, decretos o resoluciones bajo consignas muy claras, que puedan darle a los vecinos la garantía de cotejar esos privilegios a través de un código QR en la cartelería", detalló el concejal.
Frente a este marco, Figueroa fue categórico al señalar que en las inmediaciones del predio donde se desarrolla el festival "no existe ninguna razón por la cual puedan darse estas preferencias exorbitantes".
Alerta por "parcelaciones" ilegales y falta de seguridad jurídica
Uno de los puntos más críticos radicó en lo sucedido en ediciones anteriores de la festividad, donde el cobro informal se extendió hasta a diez cuadras a la redonda del evento. El concejal catalogó estas prácticas como "concesiones semi-apócrifas", apuntando a que no están reguladas ni tabuladas por ninguna normativa ni resolución administrativa del municipio.
Frente a este vacío legal, Figueroa sembró interrogantes sobre la seguridad y la transparencia del sistema:
Precarización y falta de control: Se desconoce quiénes son las personas autorizadas a cobrar, bajo qué condiciones lo hacen y qué tipo de relación laboral mantienen.
Deslinde de responsabilidades: No existe ninguna garantía ni entidad que se haga responsable ante eventuales daños, roturas o robos en los vehículos.
Inseguridad y altercados: La falta de regulación deriva en constantes peleas y discusiones en la vía pública, afectando la tranquilidad de los asistentes y de los propios vecinos de la zona.
El calvario de los residentes de la zona
El impacto negativo de este sistema informal afecta de manera directa a los habitantes de las arterias principales que conectan con el predio, como la Avenida Recalde. Según expuso el edil, los vecinos se ven forzados a enfrentar situaciones de tensión diaria con los "trapitos" o encargados del cobro para poder dejar sus propios automóviles frente a sus viviendas.
Por su parte, el periodista José Alsina Alcobert coincidió plenamente con el diagnóstico y sumó una fuerte crítica desde la perspectiva del contribuyente. Alsina Alcobert enfatizó que cualquier ciudadano paga regularmente sus tasas municipales de barrido y limpieza, por lo que resulta un despropósito que se "naturalice" la privatización de su cuadra. El comunicador concluyó que es inadmisible que un residente deba verse cercado por un negocio informal montado en la puerta de su propia casa a raíz de la organización de un evento público.
¿Vecinos "rehenes" y desorden público?
Otro de los temas a analizar se centró en la situación de la calle Recalde y sus adyacencias, una zona de intensa actividad comercial y residencial. Según se denunció en el audio, los residentes del sector se ven "cautivos" de una situación extrema avalada y promovida por el propio municipio, que busca tarifar el estacionamiento en la vía pública durante los días del festival.
"Cuando el municipio debiera defender la buena convivencia de esa área de la ciudad, hace todo lo contrario: les dice 'no, e incluso ahí también vamos a cobrar'. Vas a estar preso de pelearte con el 'trapito' o cuidacoche
Frente a la postura de los organizadores, se aclaró que la intención no es prohibir el aparcamiento, sino mantener el estacionamiento libre y gratuito en las calles, tal como funciona el resto del año. Se reconoció el derecho del concesionario del predio provincial a cobrar por el ingreso, pero se rechazó rotundamente que la comuna arancele la vía pública o valide terrenos baldíos "semiprecarios" que terminan convertidos en un polvaderal para los usuarios.
Los turistas que llegan de provincias como Córdoba o Tucumán ya conviven con estos conflictos en sus lugares de origen y buscan pasarla bien.
El estado municipal, en lugar de mitigar el impacto, termina motivando y profundizando estas disputas.
Se sugirió que el municipio debería limpiar los espacios verdes baldíos y otorgar permisos temporales y transparentes para estacionamiento, generando ingresos legítimos para recuperar los costos de limpieza.
Frenos a los FoodTrucks y falta de infraestructura energética
La polémica no se limitó al ordenamiento vial; también se sumó el malestar por la supuesta disminución de permisos para los FoodTrucks de cara a la próxima edición. La justificación oficial apuntaría a que la proliferación de estos puestos gastronómicos reduce de manera crítica la carga energética de la zona.
Esta explicación recibió duras críticas debido a la falta de previsión temporal:
Los organizadores cuentan con un año entero entre edición y edición para trabajar en estas problemáticas.
Si el problema de la infraestructura energética ya se conocía desde julio del año pasado, se debió invertir para ampliar la capacidad y no para recortar puestos.
Una mayor oferta de FoodTrucks genera más ingresos directos al municipio mediante el cobro de permisos temporarios.
Limitar los puestos atenta contra la variedad de la oferta y debilita la "teoría del derrame" económico que el turismo de compras y servicios debería dejar en la economía local (hoteles, bares, restaurantes y alquileres temporarios).
Convertir casas abandonadas en playas de estacionamiento
Ante el colapso del microcentro —mencionando también las complicaciones que ocurren cerca de otros establecimientos como la Escuela Quintana—, el periodista lanzó una propuesta concreta para los 14 concejales de la capital: intervenir las numerosas propiedades e inmuebles que se encuentran desocupados o abandonados desde hace años.
La iniciativa plantea que el municipio financie la reconversión de estas casas en playas de estacionamiento públicas o privadas, permitiendo a los propietarios saldar la inversión en un plazo de seis años. "Acá están faltando playas de estacionamiento, esto es un caos. El municipio debería intervenir" enfatizó el comunicador.
Falta de decisión política y críticas al Concejo Deliberante
El debate se tornó más ávido cuando se discutió la inacción de las autoridades. El concejal reconoció que las normativas vigentes ya prohíben estacionar en doble fila o tapar cocheras, pero argumentó que el verdadero problema radica en la falta de aplicación de las penalidades.
Falta de rigor: El edil señaló que hace tiempo no se ven operativos severos, como la utilización de "trabalientos" (cepos) para los vehículos en infracción.
Costo político: Afirmó que ordenar el tránsito requiere asumir "riesgos políticos" y tomar decisiones que a veces resultan antipáticas para el electorado, pero que son indispensables para la convivencia.
Por su parte, el Periodista José Alsina Alcobert fue más duro con el desempeño legislativo y tildó de "vagos" a los concejales, ejemplificando el desorden con la existencia de carteles oficiales que rezan "Calle sin nombre", en lugar de regularizarse mediante ordenanzas con nomenclaturas numéricas básicas.
Finalmente, ambos coincidieron en que el ordenamiento de la capital no debe dirimirse en una "discusión intestina" o una "riña" de colores políticos, sino en la búsqueda de consensos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
